La delegación territorial en Cádiz traslada, tanto al Ayuntamiento de Barbate como a Ecologistas en Acción, las contestaciones a todos y cada uno de sus alegatos

El encargado de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sustentable en Cádiz, Daniel Sánchez, ha informado de la evaluación ejecutada por su delegación basándonos en las ciento cincuenta y cinco argumentos presentadas por Ecologistas en Acción en el Ayuntamiento de Barbate sobre la reprogramación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la localidad de Barbate.
Conforme especifica en un informe la Junta de Andalucía, se ha trasladado, tanto al Ayuntamiento de Barbate como a la entidad ecologista, contestación a todas y cada una de los alegatos presentados, resaltando Daniel Sánchez que desde la Junta se han incrementado las restricciones ambientales en aquellos campos que han sido objeto de una protección siguiente, como es el caso del Sector SUS-CM5, perjudicado por la Declaración de Especial Conservación Punta de Trafalgar, concretada por la propia Junta de Andalucía mediante el Decreto 105/2020, de veintiocho de julio, en el que se manifiestan algunas zonas singulares de conservación con competencias de conectividad ecológica y también infraestructura verde, con posterioridad a la data de emisión del Informe Ambiental estratégico emitido el 19/03/2019.

En un caso así, en la valoración ambiental estratégica que corresponda, se van a aplicar las restricciones fijadas por la Ley 42/2007, de trece de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y por el Plan de Administración de la Zona de Especial Conservación Punta de Trafalgar.

La Junta de Andalucía esclarece que el objeto de la reforma del PGOU emprendida por el Municipio de Barbate es una nueva reprogramación del terreno urbanizable del Municipio de Barbate, sin alteración ni capacitación alguna de nuevas clasificaciones de suelo.

También, el Ayuntamiento de Barbate va a deber tener en consideración en los planes parciales o bien cualquier otra herramienta de exposición de avance de los campos objeto de la reprogramación que habrán de ser impuestos a valoración ambiental estratégica, conforme con lo preparado en el artículo 40.3.c) de la Ley 7/2007, de nueve de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, alterada por la Ley 3/2015, de veintinueve de diciembre.

Asimismo, hay que resaltar que en los alegatos de los ecologistas se plantean desclasificar los terrenos en los que no se haya desarrollado el proceso urbanizador de los Suelos Urbanizables Ordenados, destacando Daniel Sánchez que «esta Delegación no tiene poder para desclasificar suelos, dicha atribución le toca al ayuntamiento en el ámbito de su competencia municipal».
Otro matiz esencial a reseñar concierne al Sector SUO-B4 La Breña. «Estudiados por la parte de este órgano ambiental, conforme con la información ambiental libre en la Red de Información Ambiental de Andalucía, se comprobó que este Campo convocado en los alegatos queda fuera del monte público Dunas de Barbate y está excluido de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural”, señala el encargado, que recalca que “lo precedente no exonera a que si el Ayuntamiento por último decide en el campo de sus competencias desarrollar urbanísticamente este lugar, el Plan Parcial que elabore va a tener que sujetarse a la pertinente evaluación ambiental estratégica».

En lo que se refiere a las referencias que Ecologistas en Acción hacen en sus alegatos sobre las áreas de oportunidad del POT de La Janda, Montenmedio y Trafalgar-San Ambrosio, Següesal y El Bujar, no son parte de los ámbitos objeto de reprogramación por la reforma en trámite, con lo que este Órgano Ambiental no puede entrar a evaluarlas.
Finalmente, Daniel Sánchez ha clarificado que «esta reprogramación fue entregada por el Ayuntamiento de Barbate en dos mil dieciocho fue aceptada a trámite en la etapa del precedente gobierno por medio de los presuntos que la ley fuerza a la Junta aceptarlo y el Ayuntamiento tiene su competencia y soberanía local en la que la Junta tampoco es idónea para entrar a evaluar»